LIBRO SEGUNDO TITULO VIGÉSIMO NOVENO. DELITOS CONTRA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN

SE IMPONDRÁN DE DOS A OCHO AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE MIL A DOS MIL CUOTAS AL PROPIETARIO, SOCIO, DIRECTIVO, ADMINISTRADOR O APODERADO LEGAL DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, QUE EMITA, ENTREGUE O AUTORICE EMITIR O ENTREGAR DOCUMENTACIÓN O PUBLICIDAD DE LA MISMA SIN HACER CONSTAR, EN SU CASO, QUE DICHA INSTITUCIÓN CARECE DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL ESTADO.

SE IMPONDRÁ LA MISMA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ASÍ COMO INHABILITACIÓN DE TRES A DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS, AL SERVIDOR PÚBLICO DEL RAMO EDUCATIVO QUE, TENIENDO CONOCIMIENTO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN O PUBLICIDAD DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO ESTABLECE, LA CARENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS; OMITA GESTIONAR EL FINCAMIENTO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE DICHA INSTITUCIÓN Y HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES ESA CIRCUNSTANCIA.

LAS SANCIONES PREVISTAS EN ESTE ARTÍCULO SE IMPONDRÁN SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LAS PENAS QUE CORRESPONDAN POR LA COMISIÓN DE OTROS DELITOS.”