Libro segundo Título tercero. Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y vías de comunicación

Al que ponga en movimiento o maneje un vehículo de motor o maquinaria similar, en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes estupefacientes, psicotrópicos o análogas que produzcan efectos similares, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, y multa por un importe al equivalente de cien a quinientas unidades de medida y actualización y suspensión de derechos para conducir vehículos de motor o maquinaría similar hasta por un término igual al de la pena de prisión impuesta.

Igual sanción se impondrá a quien realice competencias con otro u otros vehículos de motor o maquinaría similar, sin el permiso de la autoridad competente, en lugares no idóneos o especializados para dicho fin.

(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016)

Si el delito se comete por conductores de vehículos de servicio público y privado, las sanciones serán de dos a siete años de prisión, y multa por un importe equivalente de doscientas cincuenta a setecientas unidades de medida y actualización y suspensión de derechos para conducir vehículos hasta por un término igual al de la pena de prisión impuesta.

A quién con motivo de tránsito de vehículos y a causa de su conducta imprudente únicamente cometa el delito de daños, y el monto de éste exceda de doscientas cincuenta unidades de medida y actualización se le aplicará pena de prisión de tres meses a dos años y una multa por un importe equivalente de cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización.

(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016)

Cuando el monto señalado en el párrafo anterior no exceda de doscientas cincuenta unidades de medida y actualización, se impondrá únicamente multa por un importe equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización.

Al que destruya, inutilice, quite o cambie un dispositivo o serial de seguridad de una vía de comunicación estatal, se le aplicará pena de prisión de seis meses a dos años o una multa por un importe equivalente de cien a doscientas unidades de medida y actualización.

Al que obstaculice una vía terrestre de comunicación estatal, se le sancionará con prisión de seis meses a dos años y multa por un importe equivalente de veinticinco a cien unidades de medida y actualización.

Al que dañe o destruya alguna vía terrestre de comunicación estatal o para cualquier medio de transporte público local, sea de pasajeros o de carga, se le sancionará con prisión de uno a cinco años y multa por un importe equivalente de sesenta a doscientas unidades de medida y actualización.

(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016)

Al que en ejecución de estos hechos se valga de incendio, explosión o inundación, se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y multa por un importe equivalente de trescientas a setecientas unidades de medida y actualización.

Se aplicarán de seis meses a un año de prisión y multa por un importe equivalente de quince a treinta unidades de medida y actualización:

I.Al que dolosamente abra una comunicación escrita que no esté dirigida a él; o

II.Al que intercepte una comunicación escrita que no le esté dirigida, aunque no se imponga de su contenido.

Esta disposición no comprende la correspondencia que circule por estafeta, telegramas y radiogramas, respecto de los cuales se observará las disposiciones contenidas en la legislación federal sobre la materia.

No se impondrá sanción a los que ejerciendo la patria potestad o la tutela, abran o intercepten las comunicaciones escritas o dirigidas a sus hijos menores de edad o a las personas que se hallen bajo su tutela o guarda.