Libro segundo Título tercero. Delitos contra la imparticion de justicia

Al que ante autoridad judicial se conduzca con falsedad u oculte la verdad, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, y multa por un importe equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización.

(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016)

Si se retracta de su declaración falsa antes de que se pronuncie resolución, la pena será de tres meses a un año de prisión, y multa por un importe equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización.

Igual sanción y multa se aplicará al que ante la autoridad judicial en ejercicio de sus funciones:

I.Oculte o niegue su nombre y apellido o se atribuya uno distinto del verdadero; u

II.Oculte o niegue su domicilio o designe uno distinto del verdadero.

Cuando se otorgue valor probatorio a la falsedad y el imputado siendo inocente resulte condenado, se aplicarán a su autor de tres a quince años de prisión, y multa por un importe equivalente de trescientas a quinientas unidades de medida y actualización.

Al que en juicio simule actos jurídicos, altere elementos de prueba, o realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad se le impondrán de uno a cinco años de prisión, y multa por un importe equivalente de cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización.

Para efectos del acreditamiento del hecho punible, no se requerirá la previa protesta a quien participe como asesor jurídico, defensor público, defensor privado, perito, traductor o interprete, cuando sean interrogados en un procedimiento judicial.

Al que favoreciere la evasión de algún detenido se le impondrán de dos a ocho años de prisión, y multa por un importe equivalente de ciento cincuenta a doscientas cincuenta unidades de medida y actualización.

Al servidor público que incurra en el delito previsto en el artículo anterior se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión, y multa por un importe equivalente de doscientas a ochocientas unidades de medida y actualización, e inhabilitación para desempeñar otra función pública.

Al que proporcione en un solo acto, la evasión a varias personas privadas de su libertad, se le impondrán de cinco a ocho años de prisión, y multa por un importe equivalente de cien a trescientas unidades de medida y actualización.

Si el responsable fuere servidor público, se le impondrá prisión de seis a doce años, e inhabilitación para desempeñar otra función o cargo público.

Si la reaprehensión del prófugo se lograre por gestiones del responsable de la evasión, se aplicará a éste de tres meses a un año de prisión y multa de cien a doscientas unidades de medida y actualización.

Lo previsto en este artículo no tendrá aplicación cuando el responsable fuere un servidor público.

Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros detenidos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión, y multa por un importe equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización.

A quien después de la ejecución del delito y sin haber participado en él, pero con conocimiento del mismo, ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad, substraerse a la acción de ésta o aprovecharse del producto de aquél, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, y multa por un importe equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización.

A quien no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, si son de los que se persiguen con prisión preventiva oficiosa señalados por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los no contemplados en el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le impondrá pena de prisión de dos a ocho años y multa por un importe equivalente de cien a quinientas unidades de medida y actualización.

Se impondrá prisión de seis meses a cinco años, multa por un importe equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización y suspensión hasta por cinco años del derecho de ejercer, al abogado, defensor o litigante que:

I.Abandone una defensa o juicio sin motivo justificado y causando daño; o

II.Asesore o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos, o habiendo patrocinado a alguno, admita después el de la parte contraria, tratándose de un mismo negocio o de negocios conexos.