Libro primero · Título quinto Capítulo IX. Del divorcio

El divorcio es la disolución legal del contrato de matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias.

El divorcio puede ser por mutuo consentimiento o contencioso. El primero procede a solicitud de ambos cónyuges y el segundo a solicitud de uno solo de ellos.

El divorcio por mutuo consentimiento, podrá realizarse de las siguientes formas:

a)Se podrá acudir ante el Oficial del Registro Civil, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:

1.Se deroga.

2.Tengan más de un año de haber contraído nupcias;

3.No hayan procreado hijos, o éstos sean mayores de edad, y

4.Que el matrimonio se hubiere celebrado bajo el régimen de separación de bienes o, en el caso de que se hubiese establecido la sociedad conyugal no existan bienes qué dividir provenientes de la misma o se hubiere liquidado dicha sociedad ante autoridad judicial o notario público.

b)Los cónyuges que no se encuentren dentro de lo previsto en el inciso anterior, podrán divorciarse por mutuo consentimiento ocurriendo ante el juez competente en los términos que establece el Código de Procedimientos Civiles.

Son causas de divorcio contencioso:

I.El adulterio de uno de los cónyuges;

II.La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que pueda ejercitarse;

III.La perversión física o moral de cualquiera de los cónyuges o su conducta deshonrosa;

IV.El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, un hijo concebido antes de la celebración de aquel acto y engendrado por persona distinta del marido;

V.La propuesta del marido para prostituir a su mujer o el recibir dinero o cualquiera otra remuneración por consentir que otra persona tenga relaciones carnales con la misma;

VI.La violencia física o moral hecha por un cónyuge al otro para que cometa alguna infracción antisocial o participe en ella;

VII.Los actos de los cónyuges ejecutados con el fin de corromper a sus hijos así como la tolerancia de dicha corrupción;

VIII.La sevicia, las amenazas y las injurias graves de un cónyuge para el otro.

IX.Cometer uno de los cónyuges contra la persona del otro un acto que sería punible si se tratare de persona extraña.

X.La acusación calumniosa hecha por un cónyuge en contra del otro por la comisión de un delito.

XI.Haber cometido uno de los cónyuges un delito infamante, siempre que el otro no haya tenido participación en su comisión.

XII.La impotencia o la esterilidad incurables;

XIII.La enajenación mental;

XIV.Padecer cualquiera de los cónyuges alguna enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa o hereditaria.

XV.El vicio del juego o de la embriaguez o el uso continuo de drogas enervantes;

XVI.El abandono del domicilio o de las obligaciones conyugales por más de tres meses sin causa justificada;

XVII.La separación del hogar conyugal por uno de los cónyuges por más de un año sin que el otro haya entablado demanda de divorcio;

XVIII.La negativa de uno de los cónyuges a ministrar al otro los alimentos que le correspondan conforme a la ley; y

XIX.La incompatibilidad de caracteres.

XX.Las conductas de violencia familiar generadas por un cónyuge contra el otro o en contra de los hijos, conforme a lo previsto por el artículo 300 ter.

Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes:

I.Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles;

II.Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal, en su caso;

III.Ordenar la prohibición de ir a un lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como cualquier medida necesaria para que cese todo acto de violencia familiar, pensando en el interés del agraviado.

IV.Poner a los hijos e hijas al cuidado de la persona más apta e idónea que mantenga un lazo de parentesco por consanguinidad, estableciendo un régimen de convivencia progresiva de conformidad con las necesidades y edades de los menores. El juez competente dictará las medidas considerando siempre el interés superior del menor y, en su caso, previo estudio psicológico que se practique por un perito autorizado, tanto a los hijos menores como a los progenitores, tomando en cuenta la opinión del menor a través de los medios idóneos.

Se debe entender por Régimen de Convivencia Progresiva, las circunstancias en que deberá llevarse a cabo la convivencia entre los menores hijos e hijas y el progenitor que no tenga la guarda y custodia de éstos, para lo cual deberá considerarse que las mismas no pongan en riesgo la estabilidad de los menores y procurando que ésta aumente.

La protección para los hijos e hijas menores de edad implica las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar conductas que generen violencia familiar, las cuales corresponderán a los organismos para la asistencia social pública estatal o municipal, a través de su correspondiente Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social o dependencia equivalente, por lo que deberá darse vista a estas instancias cuando en la tramitación de un juicio se perciba que se pone en riesgo la seguridad de aquellos.

Para los efectos de la fracción IV del presente artículo, se podrá establecer un sistema de convivencia supervisada, a través del Centro de Convivencia Familiar o cualquiera de sus unidades de apoyo, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y su Reglamento correspondiente.

Los cónyuges divorciados podrán contraer nuevo matrimonio después de obtenido el divorcio e inscrito en el registro civil.

Las acciones de divorcio no podrán ejercitarse cuando haya mediado el perdón expreso o tácito debidamente comprobado.

Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o la custodia de los hijos podrán acordar los tribunales, a petición de los abuelos, tíos, o hermanos mayores, cualquiera providencia que se considere benéfica a los menores.

En todo caso de divorcio en que existan hijos menores se oirá el parecer del Ministerio Público.

Por muerte del cónyuge que tenga los hijos a su cuidado, vuelven éstos a quedar bajo el del supérstite, salvo el caso en que se encuentre incapacitado para ejercer la patria potestad.

El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.

El cónyuge inocente, cuando carezca de bienes propios bastantes para atender a su subsistencia, podrá exigir del culpable una pensión alimenticia independiente de la que corresponda a los hijos menores o incapacitados que tenga a su cuidado.

El derecho a los alimentos cesará por muerte del que los recibe o por contraer la mujer nuevo matrimonio u observar mala conducta.

Si el divorcio se decretare por causa que no implique culpabilidad de ninguno de los cónyuges, ambos podrán exigirse recíprocamente alimentos.

El marido, en todo caso, sólo tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios con que subsistir.

La división de los bienes de la sociedad conyugal, se arreglará en primer lugar, por convenio de las partes. A falta de convenio especial, la división se hará de acuerdo con la ley.

La situación de los hijos e hijas menores se determinará por medio de convenio o, en la ausencia de éste, por el juez competente. En ambos casos se hará conforme a lo establecido por el artículo 247.

La sentencia que se pronuncie en definitiva, fijará la situación de los hijos e hijas, para lo cual el juez competente deberá resolver todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la guarda y custodia.

La situación de los hijos a que se refiere el artículo anterior, puede ser modificada por el juez en interés justificado de ellos.

En la disolución del concubinato o del matrimonio contraído bajo el régimen de separación de bienes, cualquiera de las personas concubinarias o cónyuges que haya realizado, preponderantemente, trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la familia de manera cotidiana, y que, debido a ello, se encuentre en desventaja económica respecto de la otra parte, tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el

matrimonio o el concubinato hasta por el cincuenta por ciento; y en los casos en que proceda, al otorgamiento de una pensión compensatoria.

La autoridad jurisdiccional habrá de resolver con perspectiva de género, atendiendo al tiempo que duró el matrimonio o el concubinato; al tiempo que tome resarcir el desequilibrio económico entre las partes; los bienes con que cuenten los cónyuges; la custodia de la descendencia; y las demás circunstancias especiales de cada caso.

Se exceptúan de los bienes establecidos en este artículo, los que se adquieran por sucesión y donación.